“2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional
y Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana”
San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 28 de julio del año 2010.
A través de su Diputación Permanente, el Congreso del Estado dio lectura a una iniciativa de Ley que Establece el Sistema de Justicia para las Víctimas y Ofendidos del Delito en el Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo estatal, que tiene por objeto establecer y garantizar el goce y ejercicio de los derechos y medidas de atención y protección de las víctimas y ofendidos de las conductas tipificadas como delitos por el Código Penal del Estado de Campeche.
Igualmente, conformar las bases de la organización y funcionamiento del Sistema de Justicia para las Víctimas y Ofendidos del Delito en el Estado de Campeche, que les permita el acceso a los servicios de asesoría jurídica y asistencia médica, y complementar las normas sobre reparación de daños y perjuicios, coadyuvancia procesal y ejercicio de la acción penal privada, previstas como garantías constitucionales.
Durante la quinta sesión de la Diputación Permanente se dio lectura también a una iniciativa de Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito para el Estado de Campeche, promovida por el diputado José Manuel Cambranis Caballero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a fin de establecer los derechos y las medidas de atención y protección a las víctimas y ofendidos por una conducta tipificada y sancionada como delito por las leyes penales del Estado de Campeche.
En el punto de asuntos generales intervino el diputado Enrique Ku Herrera, quien destacó las recientes reformas a la Constitución Política del Estado, “que en su correcta aplicación van a revolucionar nuestro sistema de justicia en un novedoso esquema de solidaridad social”, puntualizando que “se trata de la más amplia y completa tutela constitucional a las víctimas del delito”.
Detalló que la reforma aprobada “plantea un nuevo sistema de justicia pronta, expedida, completa, imparcial y gratuita, de modo que nadie, por razones económicas, se quede sin la plena garantía de acceso a la justicia, y plantea derechos y garantías de la víctima o del ofendido”, ya que “en la actualidad ni la víctima ni el ofendido son parte del proceso penal”, añadiendo que “si acaso se les reconoce como coadyuvantes del Ministerio Público, eso si tienen para pagar un abogado particular que los represente, porque la figura del defensor de oficio está diseñada más para asistir al procesado que para representar a la víctima”.
Subrayó que en las leyes reglamentarias, como la que en la sesión de este miércoles se le dio lectura, “habrán de establecerse en qué condiciones el Estado asume la subsidiariedad en la reparación del daño, y cómo darle plena vigencia a los derechos de las víctimas del delito tanto en su efectiva participación en el proceso penal, como en el resarcimiento de los daños que el propio delito le ocasione, incluyendo el derecho de recibir atención médica y psicológica de urgencia”.
Con permiso de la Directiva no asistió a la sesión la diputada Ana Martha Escalante Castillo.
La próxima sesión se llevará a cabo el día 4 de agosto, a las 12:00 horas, en la sala de juntas “María Lavalle Urbina” del Palacio Legislativo.
