San Francisco de Campeche, Cam., martes 28 de junio del año 2022.

Legisla el Congreso para garantizar una mayor cobertura en la vigilancia y atención de las vialidades y el tránsito vehicular en nuestro Estado.

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche aprobó hoy el dictamen relativo a una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular, y derogar la fracción III del párrafo segundo del artículo 63 de la Ley de Seguridad Pública, ambas del Estado de Campeche, promovida por el diputado Alejandro Gómez Cazarín.

Se subraya en el dictamen aprobado por mayoría, que actualmente existen en el Estado un total de 1,159 elementos operativos de la Policía Estatal Preventiva, 107 elementos de Tránsito y Vialidad y 603 Policías Municipales, con lo que se contará con un total de 1,869 elementos “que estarían realizando funciones de vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones en materia de tránsito y vialidad, dado que se estaría habilitando a todos los elementos operativos que forman parte de la Policía Estatal Preventiva para garantizar una mayor cobertura en la vigilancia y atención de las vialidades y el tránsito vehicular en nuestro Estado”.

Al manifestarse a favor de las citadas modificaciones, la Comisión dictaminadora advirtió que “tanto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como la Ley de Seguridad Público del Estado, no realizan diferencia alguna entre policías, para que existan algunos que se dediquen a funciones específicas en materia de tránsito y vialidad, en la jurisdicción estatal, y que en la actualidad la Coordinación General de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte que ha quedado rebasada operativamente en su actuar, siendo sus funciones absorbidas por la actual Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana”.

En contra del dictamen habló la diputada Mónica Fernández Montúfar, y al ser sometido a consideración del Pleno legislativo, el dictamen registró 21 votos a favor y 5 en contra, según informó la primera Secretaria de la Directiva.

Por otra parte, y con el voto unánime de los diputados presentes en la XVI sesión del actual periodo ordinario, fue aprobado el dictamen relativo a una iniciativa para reformar la fracción V del artículo 167 y adicionar los artículos 109 bis y 175 bis del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz.

Se destacó en los considerandos que quienes dictaminan se pronuncian a favor de la propuesta, “retomando adicionalmente en algunos aspectos la opinión técnica remitida por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en el sentido de reformar la fracción V del artículo 167 del Código Civil del Estado para establecer entre los impedimentos para contraer matrimonio, el ejercer cualquier tipo de violencia para la celebración del matrimonio en cualquiera de las modalidades en las que ésta se pueda manifestar, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche.

“Además de adicionar un artículo 109 bis al Código Sustantivo Civil, con el propósito de prever que el Oficial del Registro Civil de manera oficiosa realice el trámite correspondiente ante la Dirección del Registro del Estado Civil, para obtener la expedición de un certificado que informe si alguno de los pretendientes se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios, cuyo resultado se hará del conocimiento de los pretendientes, previéndose que la circunstancia de estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no constituirá un impedimento para contraer matrimonio. Medida legislativa que obedece a respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los contrayentes del matrimonio, debido a los diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, que define este derecho como ‘la posibilidad de que cualquier individuo, sin coacción, ni controles injustificados, pueda ser como quiere ser, es decir, se protege la consecución de un determinado proyecto de vida que el ser humano, como ente autónomo, proyecta para sí mismo, de igual manera se protege la manera y el modo en que logrará sus metas y objetivos que, para él, son o pueden ser relevantes’. Luego entonces, el derecho a elegir cónyuge o de no contraer matrimonio es una vertiente del principio fundamental de libre desarrollo de la personalidad con protección de rango constitucional, por lo que debe ser promovido, protegido, respetado y garantizado por todas las autoridades del Estado, en términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Y respecto a la adición de un artículo 175 bis, se puntualiza que dicha disposición “se acerca a los estándares constitucionales y convencionales en materia de igualdad y no discriminación, con perspectiva de género, ya que visibiliza y reconoce el trabajo doméstico no remunerado y el cuidado de las hijas y los hijos, que históricamente ha sido desempeñado por las mujeres. Asimismo, reconoce esa labor doméstica como una aportación equivalente a la labor realizada fuera del hogar remunerada, que ha sido históricamente desempeñada por los hombres”.

Mientras que por mayoría de votos, 20 a favor y 13 en contra, fue aprobado el dictamen relativo a una iniciativa para adicionar el artículo 638 Bis a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, con el propósito de incluir en dicha legislación la figura del “amicus curiae”.

Se concluye en los considerandos del dictamen que la incorporación de la figura del “amicus curiae” traerá importantes aportaciones para el acceso a la justicia electoral, ya que la aportación de la sociedad civil y la academia puede resultar de trascendencia para la labor de las y los juzgadores en esa materia, ya que su función va más allá de resolver conflictos y atribuir significados a la ley, pues sus decisiones generan un impacto en la realidad social concreta.

Previo a la votación, en contra del dictamen hablaron los diputados Jesús Humberto Aguilar Díaz y Adriana del Pilar Ortiz Lanz, mientras que a favor lo hizo el diputado  José Antonio Jiménez Gutiérrez.

Al respecto los diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Jesús Humberto Aguilar Díaz presentaron por separado un voto particular, pidiendo desechar el dictamen. Finalmente ambas propuestas no fueron aprobadas, al registrar cada una 20 votos en contra y 13 a favor.

Antes, fueron leídas dos iniciativas, una para reformar el artículo 51 de la Ley de Asistencia Social, la fracción I del artículo 31, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Carmen, la fracción VI del artículo 65, y el artículo 72 Bis, de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado, promovida por la diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún, y otra para adicionar el segundo párrafo del artículo quinto y el segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes, al artículo 491, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, documentos que fueron turnados a Comisiones.

Intervinieron en asuntos generales los diputados Elías Noé Baeza Aké, presentado un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a brindar un servicio de calidad en las comunidades de El Cerrito, Xbacab, Chuiná y Reforma Agraria, del municipio de Champotón; Adriana del Pilar Ortiz Lanz, destacando los puntos importantes de su iniciativa aprobada este martes; y Ricardo Miguel Medina Farfán, presentando un recurso de reclamación sobre la iniciativa de reformas a la Ley de Asistencia Social, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Carmen, y de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Campeche.

Al inicio de la sesión, y una vez declarada su apertura, se dio lectura a la correspondencia enviada por los Congresos de los Estados de Durango y Guerrero, sesión a la que con permiso de la Directiva no asistieron los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros y Liliana Idalí Sosa Huchín.

La próxima sesión será el jueves 30 de junio, a las 11:00 horas.